Manipulación terminológica y Monarquía

Por Pedro Schwenzer

Muchas veces, algunos conceptos son utilizados de forma equivocada, especialmente por los medios de comunicación, bien porque el que los maneja no está consciente de su verdadero significado, bien porque se trata de manipularlos concienzudamente para confundir las ideas del lector y, a largo plazo, de la sociedad entera para favorecer, en nuestro caso concreto, una predisposición en contra de la idea monárquica.

La desvirtuación de conceptos, tan frecuente en los últimos tiempos, no siempre es intencionada, pero esa no intencionalidad no es sino el fruto de una manipulación terminológica dirigida al debilitamiento primero lingüístico, segundo conceptual y, finalmente, ético y moral, para lograr una sociedad sin ideas claramente definidas y, en consecuencia, fácilmente manejable por parte de los sectores que ostentan el poder fáctico no interesados realmente en el bienestar de sus ciudadanos (o, en nuestro caso, en ceder parte de ese poder a una entidad suprema e independiente, moderadora y vigilante como el Rey).

La manipulación terminológica es una labor gota a gota, pero eficaz a largo plazo. Se da en muchos ámbitos diferentes de la sociedad actual, pues no sólo en la publicidad está probado que la manipulación es beneficiosa para los que la dirigen, sino que resulta mucho más interesante a niveles más elevados como la política. Sólo a veces, y por suerte, la voluntad popular es más fuerte, como demuestran los movimientos monárquicos en los países del este y en Brasil.

Vamos a ocuparnos a continuación de los términos que describen conceptos concretos de especial significado para la Monarquía.

Un término que con más frecuencia se utiliza inadecuadamente es él de la instauración, incluso al hacer referencia a la restauración monárquica española. Parece que se olvida con verdadero placer que en España no ha habido ninguna instauración de la Monarquía, sino una restauración y no mediante el referéndum sobre la Constitución de 1978, sino con anterioridad. El referéndum sólo confirmó esta restauración que se hizo efectiva con la proclamación de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón el 22 de noviembre de 1975, formalizándose la legitimidad dinástica con la renuncia de Don Juan de Borbón en favor de su hijo en 1977.

Instauraciones monárquicas sólo las puede haber en países que no tenían antes la Monarquía como forma de estado o cuando el nuevo régimen monárquico se estableciera sobre una base jurídica (dinástica) completamente distinta (como cuando en España se proclamó Rey a Amadeo de Saboya por decisión de las Cortes a consecuencia del derrocamiento de la Reina Isabel II; o cuando el régimen franquista instauró en 1947 un régimen monárquico inspirado en principios tradicionalistas, pero ficticio en cuanto que no designase qa ningún suceror a título de Rey hasta 22 años después).

En todo caso, cabe hablar de re-instauración después de un período no monárquico, pero consideramos más apropiado el término de restauración como expresión de la legitimidad histórica, lo que no está en contradicción con la idea de modernidad de la institución monárquica, que ha sabido adaptarse mejor que ninguna otra a los nuevos tiempos, a las exigencias del pueblo e incluso adelantándose a los acontecimientos. Esto es importante resaltarlo cuando se empieza a argumentar que la Monarquía es algo que pertenece al pasado, pensando más en su versión cinematográfica del Rey francés Luis XIV y su Corte que en el significado verdadero del Rey y la Corona. Lo que sí pertenece definitivamente al pasado es, en cambio, la revolución bolchevique de 1917 y toda la base ideológica que la trataba de legitimar: no supo adaptarse ba los nuevos tiempos por su inflexibilidad y por su incompatibilidad con la naturaleza misma del hombre.

En consecuencia, y con mucha más razón, al hablar de los países del este europeo y de otros como Brasil, nunca será acertado decir instauración, ni siquiera utilizar el término de reinstauración, porque allí la Restauración significaría el restablecimiento de la democracia, de la justicia y de la paz social. Al igual que la brasileña, todas las Monarquías de Europa oriental tenían y seguirían teniendo legitimidad histórica (Bulgaria, Rumanía, Serbia, Montenegro, Rusia, Georgia, Hungría, Albania).

Al igual que se trata de desvirtuar el verdadero significado y alcance del concepto de la Restauración, se describe a los legítimos herederos de los tronos como si de candidatos de partidos políticos se tratara. La utilización de las denominaciones de aspirante o pretendiente no sólo es del todo incorrecta, sino nos hace sospechar que está dirigida a desautorizar las reivindicaciones legítimas de los respectivos Príncipes Herederos. Todos los Príncipes o Reyes exiliados o destronados que cuentan con nuestro apoyo, son herederos del trono, por la legitimidad histórica y dinástica que les confiere esa dignidad. Es una confusión de términos, a veces intencionada, por parte de ciertos sectores, dirigida a debilitar la idea de legitimidad de la institución monárquica y su derecho a ser restaurada, tratando de poner en entredicho la verdadera condición de heredero legítimo de este o aquel Príncipe o Rey.

Hay que pensar también en que todas las Monarquías de Europa oriental y de Brasil fueron abolidas por la fuerza y en contra de la voluntad popular, incluyendo a Rusia, donde la revolución bolchevique no contó con el apoyo popular masivo, sino más bien con masas dirigidas que no tenían la necesaria representatividad (no hubo referéndum), y donde los cabecillas revolucionarios optaron por eliminar a la Familia Imperial para poner al pueblo ante unos hechos consumados que consideraban así serían irreversibles para eternizar un sistema inviable a largo plazo.

En el caso de la Monarquía no se trata de nombrar candidatos que aspiran a convertirse en Reyes. O tienen derecho a serlo, o no lo tienen, no caben discusiones. Y en cuanto a los Reyes hasta hace poco exiliados (Simeón II, Miguel I), se da la circunstancia que por las razones anteriormente expuestas siguen siendo legítima y en teoría también legalmente los Reyes de sus respectivos países (al restablecerse la democracia se tendría que haber confirmado la vigencia de las constituciones anteriores a la toma del poder por los comunistas y restablecer así la legalidad constitucional y democrática en lugar de saltarse la ilegítima instauración de la república).

En todo caso, podríase hablar de pretendientes cuando no está claro a cuál de los Príncipes corresponde ser Príncipe Heredero, por cuestiones dinásticas (renuncias históricas no confirmadas -por ejemplo- por el Parlamento o el Jefe de la Casa Real o Imperial de entonces), o de aspirante cuando se tratare de elegir a un Rey para instaurar un régimen monárquico.

En fin, cuidémonos de dejarnos manipular. Mantengamos siempre la independencia de nuestras ideas. Seamos siempre críticos con las informaciones que nos hacen engullir. Porque hoy en día hay medios suficientes para documentarnos de tal forma que podamos hacer estudios comparativos que nos permitan llegar a conclusiones lo más objetivas posibles.

Y ante todo, debemos tener muy en cuenta que la institución monárquica debe renovar y aumentar de forma permanente sus autodefensas para contrarrestar un incremento de la agresividad de esas manipulaciones, que podrían tener el mismo efecto como, por ejemplo, un cohete descontrolado.
Esa autodefensa implica también que un Soberano pueda transmitir sin dubitación la seguridad de que la Monarquía moderna puede constituir una fórmula de unión en un clima general de descomposición, destacando las virtudes del orden político que encabeza.

(Artículo publicado en Monarquía Europea Nº 4 Año 2 Abr-Jun 1992)