En defensa de S.M. Constantino II, Rey de los Helenos
por Francesc Xavier Montesa
La ratificación el pasado día 13 de abril por el parlamento griego de la decisión del gobierno de Andreas Papandreu de privar de su nacionalidad a S.M. Constantino II, Rey de los Helenos, y de despojarle de sus propiedades, ha causado, como era de esperar, indignación al considerar la medida totalmente arbitraria, injusta e inhumana.
Andreas Papandreu ha situado a Grecia, cuna de la democracia, en adalid de la intransigencia. Porque si democracia es sinónimo de libertad de pensamiento y de respeto a opiniones y a opciones políticas claramente diferenciadas, que avalan la pluralidad ideológica de un estado, lo contrario, es decir, propiciar la existencia de exiliados políticos hoy en Grecia, persiguiéndolos, despojándoles de sus propiedades y privándoles de su nacionalidad, se debe de considerar como sinónimo de totalitarismo.
En la Europa de las Monarquías no se excluye a ningún ciudadano por defender formas políticas diferentes e incluso se toleran partidos políticos republicanos, que utilizando los mecanismos democráticos, cuyo funcionamiento garantiza el Soberano, son claramente combativos con la Corona.
Las autoridades griegas, muy susceptibles, que se han visto reiteradamente implicadas en casos de corrupción, han censurado severamente cualquier tipo de propaganda monárquica, al considerar que ponía en peligro a sus ya desprestigiadas instituciones.
Las manifestaciones, no hace demasiado tiempo, del jefe del partido conservador Nueva Democracia (fundado por el antiguo presidente Karamanlis) Kostas Mitsotakis, al declarar públicamente que la "hora del retorno de Constantino II a Grecia estaba más cerca de lo que se pensaba" y el crucero por el Peloponeso de la Familia Real helena, que despertó gran expectación entre la ciudadanía, con inequívocas muestras de adhesión, patentizadas en vítores que el pueblo dirigió a sus Reyes en cada una de sus escalas, ha sido suficiente para que el Pasok (Partido Socialista) de Papandreu tomara una decisión que fue analizada acertadamente según mi modesta opinión por el Rey Constantino II, quien declaró que "es el tipo de decisiones que adoptan los gobiernos totalitarios cuando se encuentran en fase de decadencia", y yo añadiría, en fase de descomposición.
Para todo demócrata que se precie, esta ley, al igual que la que prohíbe la entrada en Italia a los descendientes varones de los últimos Reyes, es desde luego impropia de cualquier nación que pueda llamarse con derecho civilizada, y atenta contra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el Palais de Chaillot en París.
La citada Declaración afirma en su Proclama, a modo de introducción, que tanto los individuos como las instituciones "deben de inspirarse en ella para promover el respeto a los derechos y libertades a fin y efecto de asegurar su reconocimiento y aplicación tanto entre los pueblos de los Estados Miembros (y Grecia lo es desde el 24 de octubre de 1945) como entre los de los territorios colocados bajo su dirección". Para manifestar en su artículo 13.1 que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado" y sentenciar en su artículo 15 que "toda persona tiene derecho a una nacionalidad", para añadir que "a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad".
El deseo de las autoridades republicanas de que el rey de los Helenos aceptara un pasaporte a nombre de "Constantino Glücksburg" no hace más que demostrar la ignorancia supina de unos gobernantes desconocedores incluso del nombre de su Dinastía nacional. El apellido del Monarca es simplemente "Grecia", cosa tan fácil de demostrar es que tanto nuestro Príncipe como nuestras Infantas fueron inscritos en su nacimiento como Felipe, Elena y Cristina "de Borbón y Grecia", que es lo correcto. El nombre de Glücksburg es el apelativo de una de las ramas de la dinastía de Oldemburgo, tronco de la Casa Real de Dinamarca, Noruega y Grecia. Christian IX de Dinamarca era hijo de Guillermo, Duque (no soberano) de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en 1825. Inútil ha sido que el Ministerio de Justicia danés hiciera público un manifiesto que declaraba que "los nombres de Schleswig, Holstein, Sonderburg y Glücksburg no han formado nunca parte del "apellido" de ningún miembro o descendiente de la Familia Real de Dinamarca - de la que proviene la griega - ; ningún príncipe danés ha sido habilitado jamás para utilizar alguno de estos nombres como apellido de su familia.
La historia no puede modificarse, a Dios gracias, por decreto. Confiemos que la alta magistratura del Tribunal Europeo de Justicia en Estrasburgo invalidará la decisión desaforada de Papandreu y devolverá a Constantino II, Rey de los Helenos, su nacionalidad y sus bienes.
La ratificación el pasado día 13 de abril por el parlamento griego de la decisión del gobierno de Andreas Papandreu de privar de su nacionalidad a S.M. Constantino II, Rey de los Helenos, y de despojarle de sus propiedades, ha causado, como era de esperar, indignación al considerar la medida totalmente arbitraria, injusta e inhumana.
Andreas Papandreu ha situado a Grecia, cuna de la democracia, en adalid de la intransigencia. Porque si democracia es sinónimo de libertad de pensamiento y de respeto a opiniones y a opciones políticas claramente diferenciadas, que avalan la pluralidad ideológica de un estado, lo contrario, es decir, propiciar la existencia de exiliados políticos hoy en Grecia, persiguiéndolos, despojándoles de sus propiedades y privándoles de su nacionalidad, se debe de considerar como sinónimo de totalitarismo.
En la Europa de las Monarquías no se excluye a ningún ciudadano por defender formas políticas diferentes e incluso se toleran partidos políticos republicanos, que utilizando los mecanismos democráticos, cuyo funcionamiento garantiza el Soberano, son claramente combativos con la Corona.
Las autoridades griegas, muy susceptibles, que se han visto reiteradamente implicadas en casos de corrupción, han censurado severamente cualquier tipo de propaganda monárquica, al considerar que ponía en peligro a sus ya desprestigiadas instituciones.
Las manifestaciones, no hace demasiado tiempo, del jefe del partido conservador Nueva Democracia (fundado por el antiguo presidente Karamanlis) Kostas Mitsotakis, al declarar públicamente que la "hora del retorno de Constantino II a Grecia estaba más cerca de lo que se pensaba" y el crucero por el Peloponeso de la Familia Real helena, que despertó gran expectación entre la ciudadanía, con inequívocas muestras de adhesión, patentizadas en vítores que el pueblo dirigió a sus Reyes en cada una de sus escalas, ha sido suficiente para que el Pasok (Partido Socialista) de Papandreu tomara una decisión que fue analizada acertadamente según mi modesta opinión por el Rey Constantino II, quien declaró que "es el tipo de decisiones que adoptan los gobiernos totalitarios cuando se encuentran en fase de decadencia", y yo añadiría, en fase de descomposición.
Para todo demócrata que se precie, esta ley, al igual que la que prohíbe la entrada en Italia a los descendientes varones de los últimos Reyes, es desde luego impropia de cualquier nación que pueda llamarse con derecho civilizada, y atenta contra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el Palais de Chaillot en París.
La citada Declaración afirma en su Proclama, a modo de introducción, que tanto los individuos como las instituciones "deben de inspirarse en ella para promover el respeto a los derechos y libertades a fin y efecto de asegurar su reconocimiento y aplicación tanto entre los pueblos de los Estados Miembros (y Grecia lo es desde el 24 de octubre de 1945) como entre los de los territorios colocados bajo su dirección". Para manifestar en su artículo 13.1 que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado" y sentenciar en su artículo 15 que "toda persona tiene derecho a una nacionalidad", para añadir que "a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad".
El deseo de las autoridades republicanas de que el rey de los Helenos aceptara un pasaporte a nombre de "Constantino Glücksburg" no hace más que demostrar la ignorancia supina de unos gobernantes desconocedores incluso del nombre de su Dinastía nacional. El apellido del Monarca es simplemente "Grecia", cosa tan fácil de demostrar es que tanto nuestro Príncipe como nuestras Infantas fueron inscritos en su nacimiento como Felipe, Elena y Cristina "de Borbón y Grecia", que es lo correcto. El nombre de Glücksburg es el apelativo de una de las ramas de la dinastía de Oldemburgo, tronco de la Casa Real de Dinamarca, Noruega y Grecia. Christian IX de Dinamarca era hijo de Guillermo, Duque (no soberano) de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en 1825. Inútil ha sido que el Ministerio de Justicia danés hiciera público un manifiesto que declaraba que "los nombres de Schleswig, Holstein, Sonderburg y Glücksburg no han formado nunca parte del "apellido" de ningún miembro o descendiente de la Familia Real de Dinamarca - de la que proviene la griega - ; ningún príncipe danés ha sido habilitado jamás para utilizar alguno de estos nombres como apellido de su familia.
La historia no puede modificarse, a Dios gracias, por decreto. Confiemos que la alta magistratura del Tribunal Europeo de Justicia en Estrasburgo invalidará la decisión desaforada de Papandreu y devolverá a Constantino II, Rey de los Helenos, su nacionalidad y sus bienes.
(Publicado en Monarquía Europea, 1992)
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